Frenar la litigiosidad y cobrar tasas en pleitos de faltas o monitorios, entre sus propuestas
Día 03/07/2011
CÓRDOBA
El II Congreso Nacional de abogados del turno de oficio, que desde el pasado viernes se ha celebrado en el Parador cordobés de la Arruzafa, clausuró ayer sus jornadas con la presencia del magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, conocido, entre otros casos, por haber presidido el tribunal que juzgó a los responsables de los atentados del 11-M en Madrid.
Gómez Bermúdez, que participó en la última mesa redonda del congreso junto al fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, el conocido abogado, Javier Nart, y la vicedecana de los procuradores cordobeses, Eva Timoteo, expresó su convencimiento de que «la justicia gratuita y el turno de oficio no es exactamente lo mismo, aunque se tiende a confundir. Tenemos que garantizar el acceso para aquellos que realmente no tengan recursos, no para todo el mundo. La justicia no puede ser universal como lo son la Sanidad y la Educación. No es lo mismo», señaló.
En este sentido, el magistrado de la Audiencia Nacional indicó que hay que empezar a adoptar soluciones y una de ellas pasa por que el sistema sea sostenible. «No se puede seguir asistiendo gratuitamente en pleitos bagatelas, caso de las faltas, en el terreno de lo Penal o los monitorios, en el de lo Civil».
Al igual que el resto de sus colegas, Gómez Bermúdez denunció que hay que acabar con la «bolsa de fraude» que supone que una persona con recursos se niegue a designar un abogado en un proceso penal, le sea asignado uno de oficio y, cuando le interesa, cambie a un nuevo abogado, esta vez de pago, para alargar el proceso en su beneficio. «Si esto ocurre, deberíamos asegurar los mecanismos para que esta persona pague de verdad a un abogado», indicó.
En el terreno de las posibles soluciones, el magistrado de la Audiencia Nacional defiende la implantación de «tasas, al menos para los condenados» en estos juicios «bagatelas».Según Gómez Bermúdez «el Estado asume una cantidad ingente de recursos, materiales y humanos, para temas en los que la posible indeminación que se busca se podía reclamar perfectamente por la vía civil y sin necesidad de abogado».
Junto a esto, el otro gran «caballo de batalla» es la altísima litigiosidad que hace que los procesos se alarguen en el tiempo y, con ello, sus coste. «No puedo ser que un pleito pueda llegar a tener 10 ó 12 recursos, pero tampoco se le puede pedir al abogado de oficio que no defienda a fondo a su cliente.El Estado tiene que destinar unos recursos bloqueados y cerrados para el turno de oficio. Hay una cantidad fija de dinero y la litigiosidad debe de ir en funcion de ésta», dijo.
Con estas reformas, Gómez Bermúdez aseguró que se defiende el acceso a la justicia para aquellos que realmente lo necesitan, «que no es lo mismo que justicia gratuita».
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